En medio del recrudecimiento de la delincuencia común y un incremento inusual de la corrupción en materia de contratación pública, es un alivio saber, que se están tomando decisiones trascendentales por parte de los magistrados de la corte, la fiscalía y los organismos de control, sobre temas muy delicados que por razones procesales, estaban durmiendo el sueño de los justos.
El gobierno Santos, tiene la oportunidad histórica de cerrar de una vez por todas, capítulos de la historia violenta y corrupta del país, que nos han costado muchas vidas, daños institucionales irreparables y un manto de corrupción sin precedentes. Es un hecho que él presidente no tiene compromisos con nadie, cuenta con la voluntad y la preparación para llevar a cabo las reformas y los cambios inaplazables que el país requiere, tiene las mayorías legislativas que garanticen esta trasformación y como si fuera poco, tiene además un apoyo popular inmenso, con más del 85 % de aceptación. Las decisiones judiciales tomadas esta semana, crean un marco de escisión, que nos permite tener esperanzas sobre la consolidación de la institucionalidad.
La primera, la condena al Senador Mario Uribe. Las alianzas entre el paramilitarismo y la clase política, con su baño de sangre, expropiaciones y un proyecto de estado, han sido confirmadas vía judicial. Con esta ya son varias las condenas en firme. Para nadie es un secreto que uno de los problemas más serios del sistema judicial Colombiano es la impunidad. Estas decisiones son para aquellas personas que sufrieron los desmanes crueles del paramilitarismo, un alivio y el principio de aplicación de una política de equidad, que compense los daños irreparables ocasionados.
Mucho se ha escrito sobre el capítulo del paramilitarismo y la narco política en Colombia. Quiero remitirlos a tres informes, que de hecho constituyen documentos muy valiosos sobre el tema:
http://desplazado.wordpress.com/2009/12/31/el-alcance-del-paramilitarismo-en-los-partidos-uribistas/
De igual manera la Fiscalía general de la nación abrió cargos contra 22 funcionarios públicos y particulares implicados en los escándalos de Agro-ingreso-seguro. La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en el cual encontró culpables de los delitos de concusión y enriquecimiento patrimonial injustificado al contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi y el ex congresista Germán Olano por su participación en el denominado carrusel de las contrataciones.
Colombia está cerrando capítulos muy dolorosos. Con la ley de tierras, la ley de reparación de victimas y las reformas de corte social que estudia el congreso, se implementan los mecanismos institucionales para resarcir los daños ocasionados por el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico y el estado.
La genealogía del paramilitarismo desde los sesenta hasta el contubernio pecaminosos en los últimos años, deberá ser tema de un articulo especial. Existe suficiente bibliografía sobre el mismo y está claro, que había un modelo de para-estado, que gracias a un sector civilista de este país, no pudo imponerse.
Paralelo a las noticias judiciales importantes, se están presentando graves hechos en materia de delincuencia común. Las Bacrim, dominan sectores muy amplios de las principales ciudades del país: secuestro, vacunas, cobros, fleteo y luchas territoriales. Estas bandas son reducto de los grupos armados, del paramilitarismo, el narcotráfico y de los mismos desmovilizados . No tienen ningún temor a la autoridad y hasta ahora el gobierno parece no poder enfrentarlos a cabalidad pese a los esfuerzos de la policía. La frase del nobel de literatura Colombiana: el problema de Colombia es el culto al dinero fácil, tiene más vigencia que nunca. Como se enfrenta un problema, que no depende solo de reformas al código penal, cárcel, sino políticas de inclusión. Mucha es la labor del estado en esta materia y el compromiso definitivamente es de todos.
