En
Colombia se han producido asesinatos masivos que de manera inexplicable siguen
impunes, no uno, sino muchos. Nosotros hemos producido en cincuenta años de
guerra, 6 millones de víctimas. La impunidad es oprobiosa y lo peor, los
funcionarios públicos, quienes están muy comprometidos, nunca asumen las responsabilidades pertinentes
que le son propias. Nuestra justicia espectáculo y la falta de ética de ciertos
personajes, han convertido la búsqueda de la verdad en un rifi-rafa, en un
lleve y traiga, como si la justicia fuera
lo menos importante, todas actitudes elusivas. Esta columna de Diana Calderón
publicada hoy en el periódico “El país” de España me parece de suma importancia
reproducirla en este blog:
El Aro es una población
colombiana, un corregimiento antioqueño, en donde el 22 de octubre de 1997, los
paramilitares masacraron a 15 campesinos indefensos, y despojaron y desplazaron
a más de 700. El gobernador del departamento era Álvaro Uribe Vélez, quien
luego fue presidente y ahora senador por el opositor Centro Democrático. El
defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle le advirtió al entonces
mandatario local que se avecinaba una masacre. Colombia vivía en esos años el
más terrible horror del paramilitarismo. Valle fue asesinado un año después.
El Estado colombiano fue
condenado por la masacre de El Aro a reparar a las víctimas. El fallo de la
Corte Interamericana de 2006 dijo claramente: “...la participación de agentes
del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares
a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el
desarrollo de aquella, resultando así en la total indefensión de éstos”.
Hasta ahí la presunta
responsabilidad del gobernador Uribe por no tomar medidas preventivas no había
llegado a los estrados judiciales. Pero en 2013, el magistrado Rubén Darío
Cogollo Pinilla, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Medellín, se hizo famoso con la frase: “No es posible estar dentro de una
piscina y no mojarse”. Lo dijo en relación al ex presidente, a quien pidió
investigar, durante una audiencia contra siete paramilitares desmovilizados que
buscaban obtener los beneficios de la Ley 975, de Justicia y Paz, que impone un
máximo de cárcel de 8 años.
Esta semana la Fiscalía
informó al país que pidió que se investigue al expresidente Álvaro Uribe por
los homicidios de la masacre de El Aro. Y explicó que la Corte Suprema de
Justicia deberá analizar las acusaciones que hizo contra el ex mandatario un
jefe paramilitar que lleva el alías de Don Berna y quien declaró el pasado 20
de agosto desde su celda en Miami que Uribe había tenido que ver con los
hechos.
La Fiscalía pidió que se
investigue al expresidente Álvaro Uribe por los homicidios de la masacre de El
Aro
Pocos le creyeron al fiscal
que su actuar fuera legítimo y acoplado a su función de cabeza del ente
investigador. Uribe respondió que era otra infamia de época electoral y que ya
estaba acostumbrado. Y no le faltaba razón, días antes cuando aún estaba fresco
el anuncio de un acuerdo de justicia para poner fin al conflicto con las FARC
en La Habana, el mismo fiscal le había anticipado que el Tribunal Especial de
Paz podría investigarlo y juzgarlo. La respuesta del expresidente entonces fue:
“tamaña gracia todo un proceso de paz para meterme a mí a la cárcel”.
Una decisión tan profunda,
tan importante en el país como cumplir con la ley y la Constitución se ve
empañada por el populismo mediático de un funcionario que cada vez que abre la
boca deja la impresión de ser un político ansioso de registro noticioso o de
una reacción ante sus contradictores. Lo esperable sería que sus decisiones
generaran respeto y transmitieran la tranquilidad de que no se están usando los
recursos judiciales para castigar o perseguir enemigos.
Lástima grande que una
masacre como la del Aro no pueda ser esclarecida hasta sus más profundas
consecuencias. Quién anuncia la investigación ha perdido credibilidad y quién
se ve afectado por ella se montó en el caballo que le ensillaron desde el otro
lado de su espectro y, cómo lo sabe montar magistralmente, logra seguir
polarizando y creando ese ambiente en que ya a nadie le sirve la justicia ni
ordinaria ni reparadora. Todos se creen con el fuero de la inmunidad para sus
enormes pecados.
Y en medio de ese populismo
mediático son incapaces de controlar la lengua congresistas que un día aman la
paz y otro día gritan a la oposición “ustedes son los nuevos terroristas”. Roy
Barreras no tuvo reparo en insultar a la bancada del Centro Democrático sin medir
las consecuencias del daño que están haciendo todos los representantes del
establecimiento político a la sociedad, a la que luego pedirán que les
refrenden los acuerdos de La Habana
Y mientras las lenguas
feroces de la institucionalidad vuelven pedazos los esfuerzos por conseguir la
paz, las FARC no pueden evitar aprovechar para nuevamente decirle al Gobierno
que peca fácilmente por hablar más de la cuenta, improvisar y que miente como
ellos lo han hecho sistemáticamente por años.
¿Será posible devolvernos
al pasado 23 de septiembre cuando el país se llenó de esperanza con el anuncio
de un acuerdo que prometía ponerle fin al conflicto en 6 meses? O por lo menos
dígannos la verdad, que lo que anunciaron ese día fue un comunicado y no un
acuerdo sobre justicia.
Diana Calderon es directora
de informativos y de Hora 20 de Caracol Radio Twitter @dianacalderonf
